Entrevista del Periódico Acción al Presidente del Partido Socialista y Senador Nacional por Santa Fe.
Rubén Giustiniani toma largos sorbos de mate mientras piensa cada una de sus respuestas. Medido, pero seguro en cada reflexión, luce modesto en su imponente despacho del Senado. Este será su hábitat hasta 2015, ya que renovó su banca como senador por Santa Fe como resultado de las elecciones del 28 de junio del año pasado, obteniendo el segundo puesto en el escrutinio definitivo, detrás de la lista encabezada por el ex gobernador y piloto Carlos Reutemann, quien lo derrotó por apenas un 1,5% de los sufragios.
Fiel a su estilo, el actual presidente del Partido Socialista, propone «no poner el carro adelante del caballo», cuando se lo consulta sobre posibles candidaturas presidenciales para 2011. Estima que las alianzas surgirán de «un programa de cambio y reforma para la Argentina» que se vislumbrará a partir del desempeño de las cámaras legislativas en 2010, aunque abre el juego expresamente hacia Proyecto Sur, el movimiento liderado por el diputado Fernando Solanas y el sector encabezado por el cordobés Luis Juez.
Nacido en Rosario, casado, con tres hijos, asegura que la notoriedad pública que ha tomado a partir de la política, no afectó su bajo perfil ni su vida familiar: «Lo toman como algo natural. Es una casa en la que se respira socialismo. Se respira libros y debates. El involucramiento es parte de nuestras vidas. Es una cuestión de coherencia con lo que uno piensa, dice y hace».
Ingeniero civil de profesión, se recibió en 1988 en la Universidad Nacional de Rosario. Cinco años después fue electo decano de la facultad donde se formó: Ciencias Exactas e Ingeniería. Valora fervientemente esa etapa ya que «fue una manera de llevar a la práctica las ideas de la militancia universitaria».
Comenzó su carrera partidaria durante la década de los 70. Sin embargo, cuenta que desde antes su vocación asomaba en el centro de estudiantes del colegio secundario. Por eso, luego de años de militancia, rechaza la utilización del término «clase política». «No me considero miembro de una clase», aclara. «Soy un dirigente que, circunstancialmente, ejerzo un cargo institucional. Pero soy un militante del Partido Socialista. Hablar de “clase” es hablar de privilegio; remite a distancia con la sociedad».
El regreso a la institucionalidad política, en 1983, lo encontró como miembro de la mesa directiva de la Federación Universitaria Argentina. Destaca esos años, durante los cuales también se desempeñó como vicepresidente de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, por su gran efervescencia y compromiso.
Fue director de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rosario entre 1988 y 1991 y, en 1995, asumió como secretario de Gobierno de esa misma ciudad.
Hoy, con una experiencia parlamentaria de más de diez años –fue elegido diputado en 1997 y desde 2003 es senador–, teme que el nuevo Congreso, con presencia fuerte de los bloques de oposición, se maneje con «espíritu revanchista». Asegura que su bloque adoptará un perfil propositivo: «No debemos revisar sino aportar a las cuestiones pendientes». Respetado también por sus adversarios, su espíritu dialoguista le ha permitido lograr en varias ocasiones el apoyo de fuerzas tanto opositoras como oficialistas a la hora de aprobar leyes de su autoría, como la migratoria o de mayoría de edad.
–¿Cuáles son, a su juicio, los principales temas que debería abordar el Congreso a partir de marzo?
–Sigue pendiente una reforma tributaria integral, para que de una vez paguen más los que más tienen. Hay que bajar el IVA de los productos de la canasta básica familiar, gravar la renta financiera, la renta minera, el juego y establecer un impuesto a la herencia. También habría que pensar en una reforma del sistema financiero que garantice a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo créditos accesibles y generar herramientas concretas para la redistribución del ingreso, por caso, establecer con toda claridad que la jubilación mínima debe ser del 82% móvil de los trabajadores en actividad. Hay que concretar un ingreso universal a la vejez y concretar, por ley, el ingreso ciudadano a la niñez para combatir la pobreza. Y un marco regulatorio de los servicios públicos que dé lugar a la participación ciudadana a través de audiencias públicas, para garantizar, por ejemplo, tarifas accesibles.
–¿Cree que los distintos sectores de la oposición al Gobierno Nacional pueden alcanzar acuerdos en determinados puntos de la agenda legislativa?
–La oposición seguramente articulará alianzas en temas como la reforma del Indec o el Consejo de la Magistratura. Es decir, temas básicos que hagan de éste un país normal. Se necesita un acuerdo de toda la oposición para obligar al oficialismo a sentarse a una mesa de diálogo. Estos son temas pendientes, los otros habrá que ver si hay masa crítica de los sectores progresistas para plantearlos.
–¿Consideran la posibilidad de coincidir en algunas cuestiones puntuales con el Frente para la Victoria?
–Espero que cuando nosotros planteemos, por ejemplo, la necesidad de gravar la renta financiera, el Gobierno lo tome como una posibilidad para que el Estado obtenga recursos. Siempre está abierta esa posibilidad. La ley de mayoría de edad la presenté yo y fue votada casi por unanimidad, incluso por sectores del oficialismo. Por otra parte, nosotros hemos acompañado propuestas del oficialismo como la ley de Medios y de las AFJP.
–¿Ese acompañamiento de ustedes a propuestas del Ejecutivo dañó su alianza con la Coalición Cívica?
–Nosotros siempre lo dijimos: somos un partido de oposición al Gobierno, pero oposición constructiva y propositiva. Y desde ese lugar fuimos coherentes con nuestro programa. Estuvimos en contra cuando privatizaron las jubilaciones en la época menemista. Entonces no podíamos votar de otra manera cuando se terminaba con las AFJP. Y de la misma forma, terminar con la ley de Radiodifusión de la dictadura, que establecía el disparate de que el Comfer estaba integrado por militares y, por lo tanto, debía haber un interventor.
Pero esto no significa que no sigamos buscando acuerdos programáticos dentro de la oposición. Puede ser con el radicalismo, con la Coalición Cívica, como también con Pino Solanas, la CTA o Luis Juez. El Acuerdo Cívico y Social fue un acuerdo electoral para las elecciones pasadas. Veremos hacia adelante. El 2010 será un año donde se deberán poner de relieve con claridad las coincidencias programáticas para poder confluir en una propuesta electoral para 2011. Veremos primero esto, sin poner el carro adelante del caballo, sin elegir primero el candidato y luego ordenar lo que vaya detrás. Vamos a privilegiar, como siempre lo hicimos, el acuerdo programático y esa será la base de un posible frente.
–¿Qué límites existen para esas posibles alianzas? ¿Participarían de un frente que nuclee a toda la oposición, incluido el Pro, por ejemplo?
–No, de ninguna manera. El límite es un programa de centroizquierda y progresista que, con propuestas transformadoras y positivas, garantice a los sectores populares la redistribución del ingreso.
–¿No cree que haberse aliado con el espacio que lidera Elisa Carrió contradice esa opción por el progresismo?
–No, para nada. Porque la izquierda en ese frente era el Partido Socialista. Estamos hablando de un frente de centroizquierda que tuvo el apoyo de casi 5 millones de votos, donde el compromiso era el ingreso ciudadano a la niñez y a la vejez. Un claro programa progresista.
–Pero a la hora de votar leyes medulares, las opiniones resultan divergentes.
–No encontrar contradicciones en la política es imposible. Y más en la Argentina, donde los términos izquierda y derecha están tan en ida y vuelta. La reconstrucción de un espacio de izquierda, democrático y de mayorías en la Argentina todavía está pendiente. Está claro en Brasil, con sus distintos matices, que el PT es la izquierda. La derecha es Serra y el Partido Social Demócrata. En Uruguay, el Frente Amplio presentó una fórmula compartida por José Mujica y Danilo Astori, esto sería impensable en Argentina. Allí hay sectores que impulsaron un acuerdo comercial con Estados Unidos, sin embargo el Frente no se rompió y sigue gobernando en un sentido progresista. Lo logran porque tienen la amplitud primera de concretar una herramienta y luego que esté por encima del liderazgo coyuntural de Tabaré Vazquez, Mujica o Astori. Esa herramienta está pendiente en Argentina y el Partido Socialista quiere aportar para que se construya de una vez.
–Hablando del progresismo y su fragmentación, su propio partido también está dividido.
–Yo no soy partidario de los tribunales ideológicos. Pero lo que está claro es que Partido Socialista en la Argentina hay uno solo. Es el que realiza sus congresos, tiene miles de afiliados y donde se resuelve democráticamente su vida política. No hay dos partidos socialistas, hay uno solo. Lo que hay es algunos dirigentes que por fuera del partido decidieron apoyar el gobierno kirchnerista, pero nada más.
Ahora, que dentro del universo de la izquierda en Argentina haya otros partidos que se hacen llamar socialistas, está bien. Yo no soy quién para medir quién es más socialista. Está el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento Socialista de los Trabajadores…
–Más allá de esto, el PS adoptó diferentes posturas y conformó alianzas distintas tanto en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, como en Santa Fe.
–Es el mismo partido que resuelve sus políticas de alianza en distintas provincias. O sea, el Frente Progresista en Santa Fe se expresa de una manera determinada por su experiencia previa de trabajo con sectores radicales y hasta de la Democracia Progresista. Pero eso no es posible reproducirlo mecánicamente en otras regiones.
–¿Estarían de acuerdo en revisar la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como plantean algunos legisladores? ¿Teme un espíritu revanchista en este tema, teniendo en cuenta los intereses que están en juego?
–Eso es lo que no ayuda al país. Por eso creo que no es correcta esta posición de revisar lo hecho. Se trata de aportar para resolver las cuestiones pendientes. Toda ley se puede cambiar por una nueva. La posición del PS fue que la autoridad de aplicación que dispone la ley de Medios debía ser más participativa y democrática y que el gobierno de turno no tenga tanta incidencia. Si podemos ir a una autoridad de aplicación diferente, yo la apoyaría. Eso sería coherente con lo que dijimos. Creo que esa es la tarea del nuevo Congreso: ver qué aportes le puede hacer al país. Para mí la democracia es el gobierno de las leyes. Son las reglas de juego de una sociedad. Son las que protegen a los más débiles. Por eso la mayor coherencia que debemos desarrollar desde una posición de izquierda es el cumplimiento de las leyes.
–Usted denunció que la distribución de fondos establecida por la ley de Coparticipación no se respeta. ¿Por qué cree que es un tema que no ocupa un lugar central en la agenda pública?
–Lo que pasa es que los temas toman estado público cuando la sociedad asume con su movilización la defensa de sus derechos. Aunque, en este caso, el problema que le parece abstracto y tan lejano a la gente como la coparticipación federal, significa en concreto que se les pueda pagar a los maestros, los médicos o los enfermeros. Si en marzo estallan conflictos docentes se va a reflejar en esto que denuncié. Porque con justicia los trabajadores de la educación van a reclamar aumento y las provincias tendrán graves problemas para cumplir. Por eso: el cumplimiento de la ley es básico y cuando la sociedad se moviliza para hacerla cumplir es cuando la ley se hace carne en la opinión pública.
–Como partido afrontan una doble experiencia: ser oficialismo en Santa Fe y Rosario y oposición a nivel nacional. ¿Algunas de las dos situaciones es más sencilla de sobrellevar que la otra?
–Alguien dijo alguna vez que «La ética sin poder es más parecida a una religión que a una tarea política». Llegar al poder es la posibilidad de llevar a la práctica lo que uno siempre ha planteado. Evidentemente gobernar es difícil y las limitaciones las imponen las relaciones de fuerza en la sociedad. Y mucho más si uno quiere llevar a cabo una gestión progresista. Pero tampoco esto significa que el reclamo desde el llano sea más fácil. La tarea de un delegado de base para hacer escuchar sus consignas también es extremadamente complicada.
–¿Qué pasa cuando no se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las ideas progresistas? Usted mencionó los conflictos docentes latentes, y en Santa Fe el año pasado fue bastante duro en cuanto a reclamos gremiales de trabajadores de la educación. Los sindicatos ya plantearon sus pedidos de aumento y no será sencillo dar una respuesta, teniendo en cuenta la experiencia del año pasado con varios paros en la provincia.
–En estos dos años de gestión hemos aplicado una política en Santa Fe coherente con el programa que se le planteó a la gente en la elección. Se titularizaron miles de cargos, se comenzaron a tiempo las clases. Por primera vez se estableció por ley una paritaria docente con la que se mejoraron condiciones de trabajo que venían de 25 años de gobierno justicialista en la provincia. En estos temas, una gestión provincial o municipal está mucho más limitada en los recursos debido al ahogo por la falta de cumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal. Entonces se tendrá que profundizar mucho el trato con los gremios para poder, en un diálogo transparente, establecer cuál es el punto de unión entre ese legítimo reclamo docente y las posibilidades de darle respuesta.
–Rosario es una ciudad muy activa políticamente, donde el socialismo es gobierno desde hace más de diez años. ¿Cómo se desarrolla allí la participación social?
–La participación en la democracia es la herramienta progresista del cambio. Por eso, una de las primeras cuestiones que pusimos en marcha son los foros de participación para definir el programa de gobierno. Lo mismo hicimos con el presupuesto participativo. Además, es el acicate fundamental para que un gobierno mantenga su compromiso ciudadano. Siempre que la gente participe, se involucre o reclame es positivo. Significa una maduración de la democracia.
–En cuanto a reclamos, los tuvieron en Rosario y Santa Fe, y bastante fuertes en algunos casos.
–La metodología de lucha forma parte siempre de su contexto. Es un derecho de los trabajadores hacerse escuchar. El derecho a huelga figura en la Constitución y fue logrado a través de sangre y lucha. Y esa es la base conceptual de los sectores más débiles para hacerse escuchar. Nosotros lo analizamos desde ese lugar: es el derecho de la gente a expresarse en busca de una solución.
–Teniendo en cuenta su reivindicación de posiciones progresistas, visto a la distancia, ¿no revisaría su apoyo a las entidades ruralistas cuando se desató el llamado «conflicto del campo»?
–Las retenciones son sólo una herramienta de política económica que puede servir para fijar el precio interno, pero no se puede considerar con el mismo criterio al pool de siembra que al agricultor que tiene unas pocas hectáreas, que en el caso de mi provincia, son absoluta mayoría. Santa Fe es una provincia chacarera, no como Buenos Aires, que es estanciera. Es por eso que desde los inicios el PS tuvo una relación estrecha con la Federación Agraria Argentina. Es una gran equivocación plantearse al campo como una generalidad y regalárselo a la oligarquía. Por eso, el gran error del Gobierno fue esa incapacidad de establecer una política diferenciada. Nosotros siempre planteamos que las retenciones deben ser progresivas y segmentadas. Fue un retroceso para el país discutir el tema bajo el falso eje «retenciones sí o no». Un verdadero sistema tributario progresista consiste, básicamente, en bajar el IVA y gravar la renta financiera. ¿O acaso es de derecha el gobierno del Frente Amplio o el de Lula porque no aplican retenciones? ¿Es de izquierda el gobierno de Rusia o el de Uribe en Colombia porque sí las aplican?
–¿Cómo analiza al proceso político iniciado en 2003 con Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández?
–Es un gobierno que se ha basado en lo más burocratizado del movimiento sindical, en lo más anacrónico de la política, expresado en los intendentes justicialistas del Conurbano y basado en sectores financieros y grupos económicos. Ahí es donde se explica, por ejemplo, por qué no se grava la renta petrolera. Porque hay intereses que sostienen el escándalo de la expoliación de los recursos. Por ejemplo, con la llamada «Ley corta», que transfirió a las provincias petroleras los permisos y las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgados en cada distrito y a la que fui el único senador que se opuso, con las concesiones escandalosas a 25 o 50 años que se hacen en la Patagonia. Todo basado en el Código de Minería de los 90, que nadie ha cambiado todavía. Todos esos sectores son parte de la llamada gobernabilidad que ha elegido el Gobierno.
–Pero el Gobierno cuenta también con el respaldo de sectores progresistas.
–Sí, han rescatado aspectos que este gobierno resolvió positivamente, como la política de derechos humanos. Nosotros esto lo hemos reconocido. Pero en el balance a ellos les da progresista y a nosotros nos da negativo. Igual estamos en democracia y la disputa de ideas siempre es buena. Considerarán que el tránsito de este gobierno va en un sentido correcto.
–¿Cuál es su opinión respecto de la política oficial en materia de deuda externa, que en las últimas semanas motivó encendidas polémicas?
–Con respecto a este tema queda pendiente el fallo del juez Ballesteros que, de la mano de la presentación que hizo el recordado Alejandro Olmos, conminó al Congreso Nacional a investigar qué partes son legítimas y cuáles ilegítimas de la deuda. Se había propuesto conformar una comisión bicameral a la que, históricamente, siempre los oficialismos se opusieron. Por eso estuvimos en contra del adelantamiento del pago de deuda sin el análisis debido. No es que nos oponemos al pago de la deuda, sino que no estamos de acuerdo con esta llamada «política de desendeudamiento». Sí creemos que hay que mantener el pago mínimo necesario pero dentro de aquella idea de los 80 que planteaba que el Estado Nacional se reserva la facultad de analizarla. Principalmente hay que revisar la deuda que se contrajo en la etapa de la dictadura militar. No debemos poner punto final a ese tema. Ecuador ha demostrado que es viable esto que proponemos.
–¿Cómo toma que se hable de muchos candidatos presidenciales para 2011, como Elisa Carrió, Julio Cobos o Mauricio Macri, y se lo mencione mucho menos al líder del socialismo, Hermes Binner?
–Somos un partido frentista y creemos que la política de alianzas debe estar enmarcada en un programa de cambio y reforma para la Argentina. Los candidatos deben adaptarse a ese programa y no al revés. Esa debe ser la base de nuestras discusiones este año. Pero, de todas maneras, vemos que sí hay una presidenta socialista en Chile, como Michelle Bachelet, que está culminando su mandato con gran aceptación popular, como Tabaré Vázquez en Uruguay, y están Lula y Evo Morales. Seguramente, tarde o temprano, habrá un presidente socialista en Argentina.
Por otra parte, la aparición de candidatos como Carlos Reutemann o Eduardo Duhalde, es el emergente de la incapacidad de ciertos sectores de poder construir una alternativa progresista, fuerte y nueva. Eso hace que la política argentina siga dando vueltas alrededor del Partido Justicialista. Porque en definitiva son todas variantes de lo mismo. La reforma política va en esa dirección: Kirchner quiere competir con un solo representante del PJ. Y en esto los medios juegan un papel clave, como en todo el mundo. Ellos empujan intereses económicos que sólo pueden ser garantizados por determinados gobiernos. Reutemann, en la última campaña, tuvo una participación en los medios nacionales de 30 a 1 sobre mí. Eso lo dice todo.
