La sociedad santafesina observa con satisfacción y tranquilidad, por estos días, hechos paradigmáticos como la sanción al ex juez Víctor Brusa por violaciones a los derechos humanos, la rectificación del fallo en el caso Fraticelli, o la anulación de la jubilación de privilegio mal otorgada al ex juez de la Corte Rodolfo Vigo. Causas que no habían sido resueltas, poniendo al desnudo situaciones de connivencia entre la mala política y los distintos niveles del Estado.
Hay todavía cuestiones básicas de la sociedad que quedan por saldar, pero es innegable que la Justicia y la calidad institucional en materia de control de los actos de la administración pública avanzan en la provincia de Santa Fe, donde hoy el Poder Ejecutivo ya no designa arbitrariamente a los magistrados y a los integrantes del Tribunal de Cuentas.
A tal fin, se establecieron mecanismos para que las mujeres y hombres más idóneos y comprometidos con la democracia accedan a esos cargos a través de concursos públicos de oposición y antecedentes. En ese mismo sentido, se estableció un sistema de selección para el ingreso a la Administración Pública y se restablecieron los concursos para la carrera administrativa, con acuerdo de los gremios.
De este modo se está poniendo freno a la inmoralidad y a la impunidad en nuestras tierras. No sólo por la acción de un gobierno en particular, sino también por un mayor nivel de madurez y conciencia ciudadana y de las instituciones de la sociedad civil, que se manifestó oportunamente, por ejemplo, para reclamar la anulación de la absurda ley de lemas, que permitió, durante tantos años, burlar la voluntad de las mayorías en nuestra provincia.
La clara falta de políticas en defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio de la provincia durante 24 años es, precisamente, inmoral.
>> La educación pública sin proyecto, con edificios derruidos, con escasos bancos para dar respuestas a las crecientes necesidades, obligó al gobierno del Frente Progresista a crear 186 escuelas nuevas para cumplir con la obligatoriedad de la escolaridad secundaria dispuesta por la ley nacional; además de la titularización de 10.000 maestros, que en algunos casos llevaban más de 20 años sin poder concursar.
>> Ciudadanos obligados a mendigar el derecho a la salud en largas esperas para resolver necesidades sanitarias básicas, en hospitales sin proyecto de crecimiento estratégico que se convirtieron en inhabitables edificios con paredes húmedas y descascaradas, con trabajadores en gran parte desmotivados por la impresión de que ya nada se podía cambiar. Esto también es inmoralidad.
Para subsanar esta situación, el gobierno de Hermes Binner puso en marcha una profunda reestructuración del sistema público de salud, que contempla la construcción y equipamiento de ocho nuevos hospitales y 80 nuevos centros de atención primaria de la salud en toda la provincia. Esta política de acceso universal e igualitario a la salud ya consiguió, entre otros logros, la disminución del índice de mortalidad infantil.
>> Es inmoral que casi la mitad de nuestra población no tenga agua potable que le permita vivir con dignidad.
El gobierno progresista formuló un plan para abastecer a todos los ciudadanos de la provincia, a través de la construcción de un sistema de 12 grandes acueductos. Y mientras tanto, se asiste a las poblaciones más perjudicadas y se proveen soluciones puntuales para permitir el autoabastecimiento.
El senador Juan Carlos Mercier, consciente de que los recursos son necesarios para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo, a través de la inversión social, recorta el Presupuesto y modifica la reforma tributaria beneficiando con esto a los sectores concentrados de las economía que “ahorran” 600 millones. ¿Esto es moral?
¿Qué moral lo llevó a definir la privatización del banco de fomento de los santafesinos?
¿Cuál es la moral que permite a los distintos sectores del Partido Justicialista unirse para achicar el Presupuesto y realizar un brutal recorte de tributos, que debían aportar los sectores de mayor capacidad contributiva de nuestra provincia para garantizar los derechos de la mayoría?
¿Cuál es la moral que permite al PJ sostener ideólogos que primero participaron de los gobiernos de facto en nuestra provincia y luego ejecutaron las políticas de achicamiento del Estado en detrimento de los derechos ciudadanos?
El proyecto de gobierno del Frente Progresista, su propuesta de inversión social, no sólo fue votada democráticamente en las urnas; también fue ratificada en proyectos concretos surgidos de las Asambleas Ciudadanas masivas, realizadas en todo el territorio, donde se consensuó un Plan Estratégico a 20 años para garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los santafesinos.
La convocatoria es a unirnos, no en defensa de un gobierno solamente, sino de los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Este gobierno, moral, trabaja para esto.
