CONSTRUYENDO LA ALTERNATIVA PARA UN PAÍS CON JUSTICIA E IGUALDAD.
El socialismo continúa atravesando un momento caracterizado por un entorno político y social favorable para el crecimiento de su fuerza política.
Como lo venimos construyendo con nuestro trabajo en distintos ámbitos, y coronando con el conjunto de decisiones partidarias adoptadas por nuestra organización desde el Primer Congreso Nacional Ordinario del 25 de junio de 2005, el Partido Socialista, a través de una oposición responsable, propositiva y coherente continúa aportando a la edificación y consolidación de un frente progresista en la Argentina.
En ese camino, en las últimas elecciones nacionales continuamos trabajando en el marco de frentes electorales junto a organizaciones políticas y sociales que expresan en sus programas y propuestas alternativas de cambio respecto al proyecto oficialista y las alianzas de la derecha.
El Partido Socialista es el partido de los hombres y mujeres que a lo largo y ancho del país sueñan con una sociedad más democrática, justa y libre. Es una organización política que debe estar al servicio de los intereses ciudadanos, debe ser una organización abierta, transparente, movilizadora y cada vez más permeable a las aspiraciones ciudadanas.
Una organización para los militantes y simpatizantes y para todos los ciudadanos que creen y trabajan por un país distinto.
Y a la vez de continuar en el camino de construcción de ese gran Partido Socialista que todas y todos anhelamos, seguiremos aportando a la construcción, “de abajo hacia arriba”, de un sólido frente progresista de carácter programático en la Argentina que integre a aquellas organizaciones políticas y sociales del espacio de centro-izquierda que expresan propuestas alternativas al proyecto hegemónico del oficialismo, que nos permita desarrollar integralmente al país y profundizar la democracia en todos sus frentes.
El Partido Socialista debe tener, como objetivo fundamental, convertirse en el canal de expresión y cauce de las ideas progresistas en la República Argentina. Y en ese camino es imprescindible fomentar la articulación y el diálogo con todos los sectores políticos y sociales que comparten nuestra visión de país que nos permita confluir en un espacio programático de coincidencias progresistas.
El futuro será posible si lo imaginamos ya desde el presente. Las pasadas elecciones expresaron con contundencia una voluntad inapelable de cambio que permitiera abrir una etapa de diálogo y consensos para abordar las cuestiones que todavía están pendientes en la República Argentina. En este marco, tenemos la necesidad perentoria de ofrecer al país una alternativa.
Queda un gran espacio de trabajo, construcción y posicionamiento del socialismo con un mensaje propositivo acerca del camino que permita abordar la agenda pendiente en materia económica y social en la República Argentina: una verdadera distribución del ingreso y la mejora de la calidad democrática.
Este tiempo histórico nos deja indudablemente una gran responsabilidad hacia adelante que nos da una perspectiva muy positiva de crecimiento e inserción en todo el país, y el compromiso de continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de los argentinos, y las instituciones democráticas.
Sabemos que pese a la rica historia que tenemos detrás y que nos enorgullece, y el gran presente que nos toca atravesar, es mucho más importante lo que tenemos por delante. Los socialistas miramos el futuro con optimismo, y tenemos razones para ello, ya que creemos en la ciudadanía y la capacidad transformadora de la democracia.
En otras palabras, nos queda un futuro promisorio y un presente de mucho compromiso.
La necesidad de definición de una nueva política.
El gobierno nacional ha tomado medidas aisladas que, en su conjunto, carecieron de efectividad para enfrentar los efectos de la profunda crisis que golpea a la República Argentina. Y esto es en gran medida fruto de las limitaciones que el mismo gobierno ha ido generando en los últimos años. Ante la reversión del ciclo económico, es el momento de aplicar una política anticíclica, expansiva, que garantice el nivel de actividad, empleo e ingreso de la población. Sin embargo, el sostenimiento de un sistema tributario regresivo y fuertemente centralizado, que se apoya centralmente en impuestos al consumo, lo limitan en dicha posibilidad.
Este sistema tributario fue profundizado a lo largo del ciclo expansivo de la economía, lo que le permitió al gobierno nacional obtener cuantiosos superávits fiscales, a costa centralmente de las finanzas provinciales y municipales que fueron deteriorándose mientras se resignaban recursos a favor de la Nación. Estos superávits no fueron derivados a los fondos anticíclicos establecidos y que prolijamente fueron suspendidos año a año en las respectivas leyes de presupuesto; sino que fueron destinados a la cancelación de deuda pública y /o alimentando fondos fiduciarios o especiales de administración más discrecional. Hoy el gobierno debe recurrir a medidas extraordinarias para hacerse de fondos fiscales (apropiación de fondos de las jubilaciones, disponibilidad de reservas del banco central, moratoria impositiva, blanqueo de capitales, etc.), cuando podía haber contado con un fondo anticíclico suficiente para efectuar política activa, sin resentir otras funciones estatales.
Por su parte, la centralización fiscal llevó a un ahogo financiero a todas las jurisdicciones provinciales y municipales del país. Esta situación lleva a que estas jurisdicciones deban recurrir a aumentos tributarios y restricciones de gastos para poder superarlas. La peor receta ante el panorama de estancamiento de la actividad que ya sufrimos. Así, mientras el Gobierno Nacional realiza algún vago y contradictorio intento de política expansiva, las provincias y municipios aumentan impuestos y restringen obra pública, afectando así la actividad económica. La falta de coordinación entre nación y provincias hace que la política fiscal en su conjunto (que es lo que en definitiva afecta a la población y a los actores productivos) sea caótica con impulsos expansivos y contractivos simultáneamente.
Por lo expuesto es necesaria la adopción de una política integral con un fuerte contenido anticíclico con medidas de emergencia pero que también avancen sobre reformas estructurales que aporten la solución a largo plazo.
Resulta en tal sentido indispensable adoptar un conjunto de medidas para la superación de la crisis y evitar que el costo de la misma sea afrontado otra vez más por los sectores más vulnerables:
A) Garantía del empleo y distribución del ingreso de los sectores de asalariados y de menores recursos:
* Prohibición por un período de seis meses (prorrogables) de despidos de trabajadores en relación de dependencia;
* Establecimiento de un programa universal de ingreso mínimo garantizado, que rompa con los mecanismos clientelares de las políticas focalizadas, y garantice un nivel de ingreso adecuado para los sectores más desprotegidos que se encuentran fuera del mercado formal de trabajo.
* Aumento inmediato a los jubilados y pensionados, superando la situación actual en la que el 75% de los jubilados y pensionados cobra el haber mínimo.
* Recomposición de las asignaciones de los distintos planes sociales.
B) Sistema Financiero
*Garantizar una línea de créditos a tasas accesibles y subsidiadas para la micro, pequeñas y medianas empresas
* Adecuación de las exigencias del Banco Central para no impedir el acceso al financiamiento a este tipo de empresas
* Fortalecimiento del rol social de la Banca pública a través del dictado de una norma particular para este tipo de bancos
* Impulso al desarrollo de la Banca Cooperativa en el interior del país como mecanismo idóneo para que los excedentes de fondos se movilicen en la propia región y sean administrados por los generadores y los usuarios en forma cooperativa.
C) Política Fiscal
* Exención del IVA y demás impuestos internos nacionales y provinciales que gravan los productos de la canasta familiar y garantizar que dicha disminución tenga su correlato directo en la caída de los precios de estos productos de forma de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de la población de menores recursos
* Gravar con el Impuesto a las Ganancias a la Renta Financiera en todas sus expresiones.
* Formulación de un Acuerdo Fiscal por el cual las provincias recuperen su participación en la masa coparticipable en más de un 10% a la actualmente vigente, de forma tal que se puedan librar de la discrecionalidad del poder central y aplicar también políticas fiscales acordes para superar la crisis. Esta recuperación se puede lograr con el reintegro del 15% que actualmente se deriva al Anses, de la coparticipación completa del impuesto a los créditos y débitos bancarios y de la redefinición del destino actualmente vigente del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado.
Seguimos planteando asimismo la necesidad de avanzar en el mejoramiento de la calidad institucional de nuestra democracia, recuperando para ello el rol del Estado al servicio de la sociedad, un Estado democrático, representativo y participativo. Asumiendo que la única gobernabilidad posible en nuestra democracia es la que se asienta en el consenso y la participación de los ciudadanos, proponemos las siguientes políticas:
A) una reforma que permita el mejoramiento de la calidad institucional y promueva una mayor participación social:
· Establecimiento de un Consejo Económico y Social que, con la participación de todos los sectores representativos de la realidad social y los partidos políticos nacionales con representación parlamentaria, se erija como mecanismo institucionalizado de diálogo y concertación social a fin de debatir colectivamente el proyecto de país.
· Implementación de presupuestos participativos;
· Reforzamiento y profundización de la autonomía municipal;
Modificación de la ley que reglamentó la facultad de dictar Decretos de Necesidad y Urgencia, a fin de garantizar un adecuado control parlamentario de los mismos;
Eliminación de los superpoderes y demás legislación delegada, que permita jerarquizar el rol del Congreso Nacional,
Modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, a fin de garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial.
Nuevo marco legal que garantice la independencia y autarquía del INDEC.
B) una profunda e impostergable reforma política que incluya:
· Boleta única para la elección de presidente y vice, y legisladores nacionales
· Democracia Paritaria.
· Establecimiento de un sistema de internas abiertas y simultáneas para la selección de candidatos, y derogación definitiva de los sistemas electorales distorsivos de la voluntad popular que aun subsisten en muchas provincias (ley de lemas, listas espejo, colectoras, etc).
· Nueva ley de financiamiento de los partidos políticos, que restrinja el aporte de personas jurídicas (empresas privadas) a las campañas electorales, fortaleciendo el componente de financiamiento público.
